El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha tomado cartas en el asunto tras el cierre inesperado de la sede del Instituto Chileno Británico de Cultura (ICBC) en Ñuñoa, que sucedió en noviembre del año pasado. Más de 60 consumidores han presentado reclamos ante esta entidad fiscalizadora, denunciando no solo el cierre de la institución educativa, sino también la falta de respuestas y la ineficiencia en la devolución de dinero por cursos y programas que no llegaron a realizarse. Los afectados se sienten desprotegidos y frustrados, clamando por respuestas claras y celeridad en las soluciones propuestas por el ICBC.
Desde el SERNAC, se ha exigido al Instituto Chileno Británico que proporcione, en un plazo de diez días hábiles, información detallada acerca de las razones del cierre de la sede, el número exacto de estudiantes perjudicados y las cantidades de dinero que aún no han sido reembolsadas. Esta solicitud representa el interés del ente fiscalizador por resguardar los derechos de los consumidores en el ámbito educativo, algo que se ha convertido en una prioridad, especialmente en tiempos donde la confianza en instituciones educativas ha sido severamente comprometida por crisis similares.
Los reclamos no solo se centran en la falta de devoluciones monetarias, sino también en la escasa comunicación de parte del instituto hacia los estudiantes afectados. Muchos consumidores han expresado su descontento por la falta de respuesta ante sus solicitudes, lo que ha incrementado la incertidumbre y el desasosiego, factores que son especialmente dañinos para quienes buscan continuar con su educación. En este sentido, la necesidad de un canal de comunicación claro y efectivo se ha vuelto fundamental, no solo para resolver esta situación particular, sino también para restaurar la confianza hacia el ICBC y otras instituciones educativas en el futuro.
Ante esta crisis, el ICBC ha manifestado que ha ofrecido a sus estudiantes alternativas, tales como la posibilidad de continuar sus estudios en una sede alternativa, en la Escuela Militar, así como opciones para congelar el curso o solicitar un reembolso. Sin embargo, el SERNAC recuerda que las instituciones educativas tienen la responsabilidad legal y ética de honrar sus compromisos, respetar lo que se prometió en sus campañas publicitarias y proporcionar soluciones rápidas en situaciones de cierre de sedes.
Esta situación ocurre en un contexto donde cada vez más consumidores se vuelven conscientes de sus derechos y del poder que tienen para exigir respuestas a instituciones educativas y empresas. La intervención del SERNAC no solo busca ayudar a los afectados en el caso del ICBC, sino también sentar un precedente que promueva una mayor transparencia y compromiso por parte de las instituciones educativas en Chile. En un ámbito donde la educación es clave para el desarrollo personal y profesional, es crucial que se logre un equilibrio entre los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores de educación.
