El caso del Canal del Fútbol (CDF), ahora conocido como TNT Sports, ha marcado un precedente histórico en la regulación de la libre competencia en Chile, tras el reciente fallo de la Corte Suprema. Esta decisión, que confirma el abuso de posición dominante del CDF y establece una multa que supera los 28 millones de dólares, representa un hito significativo en la defensa de un mercado equitativo y en la protección del consumidor. La Corte no solo enfatiza la consecuencia de las prácticas anticompetitivas, sino que también refuerza el papel crucial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la supervisión de las conductas que atentan contra la diversidad y la competencia en el sector.
La acusación inicial presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso cómo el CDF, desde 2006, había limitado la competitividad en la distribución de contenidos de fútbol a través de cláusulas contractuales perjudiciales. Estas prácticas no solo perjudicaban a los cableoperadores, sino que también afectaban a los consumidores, quienes se veían obligados a aceptar condiciones desfavorables en la recepción de contenido. Al imponer restricciones que dificultaban la entrada de nuevos competidores, el CDF había logrado monopolizar una parte esencial del entretenimiento deportivo en el país, generando una segmentación forzada de la demanda que permitía extrapolar rentas de manera abusiva.
La sentencia del TDLC, dictada en mayo de 2024, ya había dado un primer paso al acoger gran parte de las demandas de la FNE, pero el fallo de la Corte Suprema ha ido más allá al reconocer nuevas violaciones a la libre competencia. La Corte ha identificado la fijación de precios mínimos de reventa y la restricción de promociones comerciales por parte de los cableoperadores como conductas anticompetitivas que perpetúan un ambiente de monopolio. Este enfoque implica un reconocimiento de que las violaciones no siempre se manifiestan de manera evidente, sino que pueden estar enraizadas en estructuras contractuales complejas que requieren de un examen detallado para ser descubiertas.
La Corte ha sido clara al dejar en evidencia que la intención de las prácticas cuestionadas no es lo que determina su ilegalidad, sino el efecto que estas generan en el mercado. Este aspecto es fundamental para entender la lógica detrás del artículo 3° del Decreto Ley N° 211, que aboga por la protección de la libre competencia sin necesidad de demostrar la intención maliciosa. Con ello, se abre la puerta a un análisis más riguroso de las dinámicas competitivas dentro de diversos sectores, especialmente en aquellos donde un grupo posee un marcado poder de mercado.
En conclusión, el caso CDF se posiciona como un referente en el panorama de la regulación económica en Chile. Este fallo no solo destaca la importancia de proteger el interés general y la libre competencia, sino que también envía un mensaje claro a las empresas: la falta de justificación legítima para imponer condiciones contractuales desfavorables, especialmente en sectores de gran relevancia social, no será tolerada. Así, la Corte Suprema se erige como un guardián de un mercado justo, invitando a los actores económicos a reflexionar profundamente sobre las decisiones que pueden influir en la estructura del mercado y del bienestar del consumidor.
