La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, expuso recientemente ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre los notables avances en la implementación de la Ley Fintech, normativa aprobada en enero de 2023. Esta legislación, orientada a modernizar el sistema financiero chileno, tiene como objetivos primordiales promover la inclusión, competencia y estabilidad del sector. Durante su presentación, Berstein enfatizó la importancia de llevar a cabo esta implementación teniendo en cuenta principios de proporcionalidad, neutralidad y flexibilidad, los cuales son cruciales para integrar nuevas entidades al marco regulatorio y establecer estándares técnicos que conformen un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA).
Berstein destacó que la CMF tiene un mandato tripartito que abarca la estabilidad, la conducta y el desarrollo del sector financiero. Según su exposición, una de las iniciativas más importantes bajo este nuevo marco legal es el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF). En la actualidad, se han recibido 377 solicitudes de inscripción, de las cuales 253 son para autorización. Hasta el momento, 33 entidades han sido oficialmente inscritas, lo que demuestra el interés del sector por adaptarse a las nuevas normativas. Asimismo, se realizaron 42 mesas de trabajo con la participación de más de 200 representantes, lo que evidenció la colisión de intereses y la dedicación de casi 130 entidades a este proceso regulatorio.
Un aspecto clave abordado por Berstein fue el Sistema de Finanzas Abiertas, regulado por la NCG N°514, que establece que el intercambio de datos entre entidades debe realizarse a través de APIs, siempre con el consentimiento del usuario. «El cliente financiero es el dueño de su información», reiteró la presidenta de la CMF. Adicionalmente, se mencionó la creación de dos elementos fundamentales del ecosistema: el Directorio de Participantes, que permite verificar qué entidades están autorizadas para operar, y el sandbox tecnológico. Este último, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), servirá como un entorno de pruebas libre, permitiendo a otras naciones emprender en sus propias implementaciones de sistemas de finanzas abiertas.
Durante la sesión, varios senadores expresaron sus preocupaciones sobre la implementación de la Ley Fintech. El senador Rodrigo Galilea planteó la necesidad de asegurar la seguridad en las cadenas de pago, advirtiendo sobre los posibles daños que podrían surgir si las empresas no manejan adecuadamente los fondos. Javier Macaya, por su parte, abordó el tema de los costos asociados a la iniciación de pagos y cuestionó cómo se garantizará que no se cobren comisiones por parte de los iniciadores de pagos, como establece la normativa. Kenneth Pugh, invitado a la sesión, cuestionó la preparación institucional frente a los riesgos asociados a la firma electrónica y la identidad digital, resaltando la necesidad de un marco robusto que evite la suplantación de identidad.
Por último, la senadora Ximena Rincón expresó su preocupación por los retrasos en la revisión de solicitudes, haciendo hincapié en que 377 instituciones esperan respuesta desde enero. Berstein respondió asegurando que la CMF está trabajando para agilizar el proceso y se compromete a realizar un informe a mediados de año sobre el avance de las inscripciones. También se reconocieron los desafíos que la implementación de la Ley Fintech ha traído consigo, como el fortalecimiento de capacidades internas y la importancia de la educación financiera ante un entorno digital. «El desarrollo regulatorio requiere de la retroalimentación de la industria», concluyó Berstein, haciendo hincapié en la naturaleza continua y colaborativa de este proceso.
