El proyecto de ley «Devuélveme mi Pasaje», presentado por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini del Partido Socialista, ha generado un considerable debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque la iniciativa tiene como objetivo permitir la devolución total del valor de un pasaje aéreo hasta ocho horas antes del vuelo, sin necesidad de justificar el motivo, muchos críticos argumentan que, en la práctica, esta medida podría tener consecuencias negativas significativas para el sector de la aviación y, por ende, para los usuarios.
El trasfondo de la propuesta se basa en la presunción de que las aerolíneas abusarían de los consumidores al sobrevender vuelos y dificultar la cancelación de pasajes. Sin embargo, los expertos en transporte aéreo advierten que este enfoque ignora el funcionamiento real del sistema de revenue management. Las aerolíneas han podido establecer precios ultrabajos gracias a un modelo de negocios que permite segmentar el mercado, ofreciendo tarifas accesibles para aquellos que priorizan costos sobre flexibilidad.
Durante la última década, el precio de los pasajes aéreos ha disminuido drásticamente, convirtiendo el transporte aéreo en un servicio más democrático. Esto se ha logrado gracias a una serie de reformas que han promovido la libre competencia y la apertura en el espacio aéreo chileno. Sin embargo, la implementación de una ley como «Devuélveme mi Pasaje» podría revertir estos avances, ya que introduciría costos adicionales en el sistema, provocando un aumento en los precios de los billetes más asequibles.
De implementarse esta iniciativa, los consumidores tendrían que afrontar un incrementado costo en sus pasajes. Al permitir que los pasajeros anulen su compra a última hora sin penalizaciones, las aerolíneas tendrían que ajustarse a este nuevo riesgo financiero, generando una sobrecarga económica que inevitablemente se trasladará a los precios. La posibilidad de que un pasajero pueda arrepentirse en el último minuto, hará que los demás usuarios terminen pagando un precio mayor por el mismo servicio, lo que supondría una falta de equidad en el acceso al transporte aéreo.
Finalmente, la otra iniciativa que busca eliminar las multas por uso indebido de tags en las autopistas también despierta inquietudes similares. Sin las penalizaciones vigentes, podría desincentivarse la inversión en infraestructura vial, necesaria para mantener y mejorar las rutas de acceso en el país. En definitiva, tanto el proyecto de devolución de pasajes como la eliminación de multas en los tags presentan riesgos que, aunque bienintencionados, podrían traer consecuencias adversas en una industria que ya enfrenta desafíos.
