El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que marca el fin del controvertido sistema de ‘visas doradas’ utilizado por Malta para otorgar la nacionalidad a ciudadanos de países no miembros. Este programa, que permitía a las personas adquirir la ciudadanía maltesa a cambio de una inversión económica significativa, ha sido considerado por el tribunal como incompatible con el derecho de la Unión. La decisión se produce en un momento en que la presión sobre las estructuras de nacionalidad basada en el dinero ha aumentado, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la integridad y la credibilidad de la ciudadanía europea.
El esquema de ‘pasaportes dorados’ ofrecía a los solicitantes la posibilidad de obtener la nacionalidad maltesa a cambio de pagos de 750.000 euros o inversiones inmobiliarias superiores a 700.000 euros. Además, existía la opción de calificar mediante un alquiler superior a 16.000 euros anuales durante cinco años. Estas disposiciones han atraído a un número considerable de inversores foráneos, lo que llevó a Malta a experimentar un aumento en la prosperidad económica. Sin embargo, la naturaleza del programa ha despertado críticas por permitir la entrada de sujetos con perfiles dudosos y por ser potencialmente una vía para la elusión de sanciones internacionales.
El TJUE ha reafirmado que aunque los Estados miembros tienen la autoridad para definir sus propios criterios de concesión de nacionalidad, dicha autoridad debe ser ejercida conforme a los principios del Derecho de la Unión Europea. La sentencia se considera un hito en la defensa de la integridad de la ciudadanía europea, que, según el tribunal, no puede ser tratada como un bien en venta. Este pronunciamiento podría tener un efecto dominó en otros programas similares existentes en Europa, ya que se espera que aumente la presión sobre países que todavía ofrecen este tipo de tratos.
Malta ya había restringido su programa de nacionalidad a ciertos grupos, eliminando la posibilidad para ciudadanos de Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, el programa continuó abierto a otros nacionalidades pese a las advertencias de la Comisión Europea. A raíz de la reciente sentencia, se espera que el gobierno maltés revise tanto las implicaciones legales como los beneficios económicos que esta iniciativa ha traído en años anteriores, donde se contabilizaba una notable generación de riqueza gracias a las inversiones extranjeras.
Por su parte, la Comisión Europea ha aplaudido la decisión del TJUE, reafirmando su postura de que la ciudadanía europea «no está en venta». Este pronunciamiento podría ser un importante precedente contra prácticas similares, especialmente en un contexto donde la justicia y la equidad vinculadas a la nacionalidad se convierten en temas cada vez más prominentes en la agenda política europea. El futuro de otros programas de este tipo en la UE ahora pende de un hilo, sugiriendo un giro hacia políticas más rigurosas en cuanto a la concesión de la ciudadanía.
