La Universidad de Harvard ha logrado una victoria legal significativa este jueves después de que una jueza federal de Massachusetts, Allison Burroughs, emitiera una orden para detener la implementación de una proclama de la Administración del presidente Donald Trump, que bloqueaba las visas para estudiantes y profesionales extranjeros que desearan ingresar a la institución. Este fallo se produjo horas después de que los abogados de la universidad impugnaran la medida en la corte, según lo informado por el periódico estudiantil The Harvard Crimson. Burroughs justificó su decisión al argumentar que esperar una respuesta del Gobierno podría causar «daños inmediatos e irreparables» a Harvard antes de permitir que se escucharan las opiniones de todas las partes involucradas.
El origen del litigio se remonta a unas semanas anteriores, cuando la administración Trump canceló la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard. En respuesta, los abogados de la universidad presentaron un recurso legal en el tribunal federal de Massachusetts, argumentando que la proclamación del miércoles por parte de Trump representaba una violación de los derechos de la institución y un intento de eludir una reciente decisión judicial favorable a Harvard. La jueza Burroughs había bloqueado anteriormente la decisión de la administración sobre el programa de intercambio, lo cual intensificó la confrontación legal entre Harvard y la Casa Blanca.
Además de solicitar la suspensión de la proclamación de Trump, Harvard busca que se mantenga vigente su Programa de Visitantes hasta que se resuelva la disputa legal. La jueza Burroughs accedió a la solicitud de la universidad, otorgándoles un plazo hasta el 20 de junio para discutir el caso. En su demanda, Harvard argumentó que la acción del presidente Trump no solo infringía la Primera Enmienda de la Constitución, sino que también violaba la Ley federal de Procedimiento Administrativo y normas migratorias establecidas desde hace mucho tiempo. Esto subraya la complejidad de la situación legal y el potencial impacto sobre la comunidad académica.
La Casa Blanca defendió la proclamación del miércoles afirmando que era una medida necesaria para «salvaguardar la seguridad nacional», citando preocupaciones sobre un «historial de vínculos extranjeros preocupantes y radicalismo» en la universidad. Estas afirmaciones han sido rechazadas por los líderes de Harvard, quienes han enfatizado que la institución no permitirá que el presidente les dicte cómo gestionar sus asuntos académicos. Dicho enfrentamiento es parte de una serie de acciones que Trump ha tomado contra la universidad, a la cual ha acusado repetidamente de no actuar lo suficientemente rápido para abordar el antisemitismo en su campus.
La disputa entre Harvard y la Administración Trump resalta la creciente tensión entre las instituciones académicas y el gobierno federal, especialmente en temas de inmigración y derechos civiles. A medida que la batalla legal se desarrolla, muchos en la comunidad educativa observan con atención, ya que la resolución del caso podría sentar un precedente sobre la autonomía universitaria frente a las políticas del gobierno. Harvard, con su larga historia de atraer a talentosos estudiantes internacionales, podría verse gravemente afectada si la administración tiene éxito en su intento de imponer restricciones a la inmigración académica.
