El gobierno alemán ha tomado medidas drásticas para desmantelar el grupo extremista conocido como «Reino de Alemania». Este colectivo, que ha sido calificado como un «contraestado» que busca desestabilizar el orden democrático en Alemania, fue objeto de una prohibición anunciada por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. La acción se produjo tras una serie de redadas policiales que abarcaron siete estados del país, donde se realizaron cuatro arrestos, entre ellos el de Peter Fitzek, el autoproclamado monarca del Reino, quien ha capturado la atención mediática desde la proclamación de su autodenominado reino en 2012.
Dobrindt enfatizó que la creación de este grupo, junto con sus numerosas suborganizaciones, es una amenaza a la estabilidad y al Estado de derecho en Alemania. En su declaración, denunció que estos movimientos no tienen cabida en un sistema democrático y que el gobierno actuará de manera decisiva contra aquellos que intentan socavar el orden constitucional. De acuerdo con el ministro, la prohibición incluye medidas para bloquear las plataformas en línea utilizadas por el grupo para reclutar y organizar sus actividades, lo que representa un esfuerzo integral por parte del Estado para contener su influencia.
La figura de Peter Fitzek, conocido como «Pedro I», ha sido central en el desarrollo del «Reino de Alemania». Con unos 21.000 seguidores dentro del movimiento de los Reichsbürger, de los cuales aproximadamente 2.100 están dispuestos a recurrir a la violencia, el grupo ha sido responsable de un aumento significativo de tensiones en el país. La Fiscalía General ha indicado que no solo Fitzek, sino otros tres miembros clave también fueron arrestados bajo acusaciones de liderar una organización delictiva que operaba en el marco de este contrarregimen.
Esta prohibición y las redadas policiales se producen en un contexto en el que Alemania enfrenta un creciente debate sobre el extremismo y la creciente popularidad del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). A pesar de las voces que piden la ilegalización de la AfD, Dobrindt ha dejado claro que el enfoque del gobierno no debe centrarse en la prohibición directa del partido, sino en abordar los problemas sociales y económicos que han generado un aumento en su apoyo entre la población.
El caso del «Reino de Alemania» destaca la complejidad de enfrentar grupos extremistas que operan al margen de la ley y que buscan establecer estructuras paralelas al Estado. La prohibición de este grupo es un paso significativo para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y reafirmar el compromiso del gobierno alemán con el Estado de derecho. Las autoridades continuarán vigilando y actuando contra cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad y la cohesión social en el país.
