El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de seguir la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a su controvertida política de expulsiones de inmigrantes irregulares que están relacionados con organizaciones criminales. Aunque ha mostrado obediencia hacia el sistema judicial, ha evadido pronunciarse sobre las fuertes acusaciones acerca de que estas expulsiones ‘en caliente’ violan el derecho al ‘debido proceso’ estipulado en la Constitución estadounidense. En una entrevista realizada con NBC, Trump se defendió argumentando que los tribunales le impiden llevar a cabo lo que a su juicio es un deber presidencial: la expulsión de aquellos que considera una amenaza para el país.
Durante la entrevista, Trump comentó, «Me eligieron para echarlos de aquí y los tribunales me impiden hacerlo», enfatizando su frustración con el poder judicial. Al ser consultado sobre su deber como presidente de defender la 5ª Enmienda constitucional, que protege el derecho de las personas a no ser privadas de su libertad sin un procedimiento legal adecuado, Trump simplemente respondió: «No lo sé». Esta falta de claridad ha llevado a muchos a cuestionar su entendimiento de los derechos constitucionales y su papel en la protección de los mismos.
La controversia se intensificó después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno estadounidense suspender las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que la administración de Trump había invocado para encarcelar migrantes en El Salvador, acusados de formar parte de la organización criminal del Tren de Aragua. Esta ley, redactada en el siglo XVIII, ha sido criticada por su uso en tiempos de paz, lo que sus defensores argumentan puede ser un abuso del poder ejecutivo en el contexto actual.
Trump ha insistido en que la declaración del Tren de Aragua como entidad terrorista le concede autoridad para proceder con las expulsiones, a pesar de los dichos del Supremo. No obstante, parece haber dado un paso atrás en su enfrentamiento con los jueces, declarando que aceptará lo que el tribunal decida. «Voy a seguir lo que digan los abogados», mencionó. Su enfoque parece un esfuerzo por mostrar que, aunque está de acuerdo con los expertos legales, todavía está comprometido con el cumplimiento de su agenda de campaña.
A medida que la administración continúa lidiando con las repercusiones de sus políticas sobre inmigración, la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial en Estados Unidos puede intensificarse. La aceptación de Trump de la autoridad del Tribunal Supremo indica un cambio en su enfoque, pero también deja en la mesa la pregunta de cómo manejará las críticas y cuestionamientos sobre su adherencia al debido proceso. Con el trasfondo de estas políticas, el debate sobre la soberanía nacional y los derechos humanos estará en el centro de atención mientras se aproxima otro ciclo electoral en el país.
