La Fiscalía de Francia ha solicitado una severa pena de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros contra el expresidente Nicolas Sarkozy debido a su implicación en un caso de «pacto de corrupción» con el exdictador libio Muamar Gadafi. Este escándalo está relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña electoral de Sarkozy en 2007. La acusación, que se ha materializado casi dos meses después del inicio del juicio, refleja la gravedad de los delitos que se le imputan y podría marcar un hito en la historia política contemporánea de Francia.
Sarkozy, quien se encontraba en el poder en el momento de los hechos, enfrenta múltiples cargos, incluyendo financiación ilegal de campañas electorales, corrupción pasiva, encubrimiento de la malversación de fondos públicos y asociación de malhechores. Los fiscales han señalado que el supuesto pacto, concretado en 2005, involucraba un régimen catalogado como «sanguinario», y han destacado que Sarkozy fue considerado el «verdadero patrocinador» de las decisiones tomadas, sugiriendo su responsabilidad directa en las actividades ilícitas.
En el banquillo de los acusados también se encuentran exministros de Sarkozy, incluyendo a Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant. Las penas demandadas por el Ministerio Público son sensiblemente variadas, siendo seis años de cárcel para Guéant, mientras que para Hortefeux y Woerth proponen tres y un año respectivamente. Estas acusaciones ponen de relieve una posible red de corrupción extensa que, según los fiscales, podría haber alterado el curso político de Francia.
Las acusaciones que enfrenta Sarkozy no se limitan a esta causa en particular. Existen serias dudas sobre la supuesta entrega de 50 millones de euros destinados a su campaña, lo que agrega un frente adicional en su ya complicada situación judicial. Aunado a esto, el expresidente ya cumple una condena firme por corrupción y tráfico de influencias, lo que le obliga a llevar una pulsera electrónica y limita su capacidad de actuar libremente, subrayando la erosión de su figura pública y política.
Este caso no solo podría tener consecuencias penales para Sarkozy, sino que también plantea preguntas cruciales sobre el financiamiento de las campañas electorales en Francia y la relación entre políticos y regímenes autoritarios. A medida que se desarrollan las audiencias, la atención pública se centra en cómo este juicio podría afectar la percepción de la corrupción en la política francesa contemporánea y cuál será el legado de Sarkozy a la luz de estas graves acusaciones.
