La situación humanitaria en Gaza se ha vuelto crítica, con un número alarmante de civiles afectados por el prolongado bloqueo y la violencia continua. En Rafah, una ciudad situada en la frontera de Egipto, los ecos de explosiones cercanas se entrelazan con la desesperación de sus habitantes. Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado un leve relajamiento del bloqueo, la realidad es que el acceso a la ayuda humanitaria sigue severamente restringido. Según informes, el 93% de la población de Gaza ya experimenta hambre a niveles extremos, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de los trabajadores humanitarios y la integridad de las zonas de evacuación establecidas por el ejército israelí, donde se estima que no queda ni un solo civil.
El paso fronterizo de Rafah, que tradicionalmente ha servido como un canal para la ayuda humanitaria, ha estado cerrado desde principios de marzo, lo que ha resultado en grandes cantidades de suministros humanitarios almacenados y en riesgo de deterioro. Con 80,000 metros cuadrados de ayuda humanitaria proporcionada por la Media Luna Roja esperando para ser distribuida, la impotencia de los trabajadores humanitarios se hace palpable, especialmente mientras continúan los bombardeos en la región. Cada esfuerzo por coordinar la entrega de alimentos parece contrarrestarse con el temor a las repercusiones mortales de un entorno bélico.
La devastación en Rafah es una imagen sombría de la guerra en Gaza, con casi todos los edificios destruidos y una población que ha sido desplazada reiteradamente. El modelo de operaciones militares, descrito como «modelo Rafah» por expertos militares israelíes, busca aplicar tácticas agresivas en otras áreas de Gaza. El ejército israelí, que ahora controla aproximadamente el 40% del enclave, está utilizando la destrucción sistemática de infraestructuras como un medio para limitar al grupo Hamas, pero esto ha resultado en un inmenso sufrimiento humano.
A medida que las fuerzas israelíes intentan expandir su control, surge la preocupación de que la entrega de alimentos no sea un acto de ayuda, sino una estrategia para forzar la emigración involuntaria de palestinos. Las nuevas instalaciones de distribución de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), que han comenzado a reemplazar la asistencia humana de la ONU, están situadas en el sur de Gaza, donde solo reside un tercio de la población civil. Esto despierta críticas entre organizaciones humanitarias, argumentando que esta ubicación puede ser intencionada para movilizar a las personas hacia el sur, en un esfuerzo por deshacerse del hacinamiento en otras áreas.
Sin embargo, la capacidad de los centros de distribución de la GHF para atender a las necesidades de la población es limitada, al estar diseñados para servir a un máximo de 1.2 millones de personas a la semana, mientras que Gaza tiene 2.1 millones de habitantes. Los recientes incidentes en estos centros han resultado en muertes y caos, evidenciando el peligro tanto del ambiente de guerra como de la insuficiencia de recursos. La desesperación entre la población, que hace fila por ayuda esencial, resalta la falta de un apoyo humanitario adecuado y plantea profundas interrogantes sobre las intenciones detrás del control territorial y los planes de reubicación forzada.
