Los recientes acontecimientos en Los Ángeles destacan la creciente tensión entre la Administración Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. La llegada de aproximadamente 700 marines, además del despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional, ha suscitado críticas feroces por parte del mandatario estatal. Newsom califica la intervención militar como «ilegal» y un «abuso flagrante del poder», argumentando que estos movimientos no sólo son una respuesta extrema a las protestas en curso, sino también una amenaza directa a los derechos de los ciudadanos. En este contexto, el gobernador ha pedido una revisión judicial de las acciones federales, afirmando su compromiso de proteger a los residentes de California de la militarización del estado.
El Comando Militar de EE. UU. ha justificado el despliegue de marines bajo el concepto de mantener el orden y controlar las protestas que se han intensificado en respuesta a las políticas migratorias de la administración. En un comunicado, el ejército explicó que los miembros de la Fuerza de Tarea 51 están altamente entrenados en estrategias de control de multitudes y desescalada. Sin embargo, las imágenes compartidas en redes sociales de soldados armados y en formación con escudos antidisturbios han avivado aún más el debate sobre el uso de fuerzas militares en un escenario civil.
La situación se ha deteriorado rápidamente, con arrestos ya superando los 56 en Los Ángeles por la única razón de participar en manifestaciones pacíficas. Los funcionarios locales han expresado su preocupación por el potencial de violencia inherente a la militarización de las fuerzas de seguridad en un momento donde las protestas se centran en la defensa de los derechos de los inmigrantes. De hecho, las tensiones se han intensificado también en San Francisco, donde más de 150 personas, incluidos menores, han sido arrestados en conexión con las manifestaciones contra las políticas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque el presidente Trump no ha optado por invocar la Ley de Insurrección de 1807, el uso del ejército dentro del país sigue siendo un punto controvertido. La decisión de federalizar la Guardia Nacional en un contexto donde las fuerzas locales habían declarado tener la situación bajo control ha llevado al estado de California a presentar una demanda federal. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha argumentado que esta intervención es «profundamente injusta», indicando que el uso de tropas militares debe considerarse un último recurso, y sólo en situaciones de grave alteración del orden público.
En medio de este conflicto, Trump ha utilizado la controversia para cuestionar la competencia de Newsom, sugiriendo que, si él fuera el encargado de la frontera, tendría la autoridad para arrestar al gobernador por su gestión. Este intercambio verbal solamente ha añadido combustible al fuego, polarizando aún más a la opinión pública sobre un tema que toca fibras sensibles relacionadas con la inmigración y los derechos humanos. A medida que las protestas continuan, las tensiones entre el gobierno federal y el estatal se intensifican, dejando a una población preocupada y dividida en sus opiniones.
