Con una participación ciudadana que se situó entre el 12,57% y el 13,32%, México llevó a cabo este domingo su primera elección judicial, un hito en su sistema político. En esta contienda, se pusieron en juego 2.681 cargos del poder judicial, abarcando desde jueces hasta ministros, lo que representa la mayor reforma del marco judicial en casi 30 años. A pesar de las cifras desalentadoras de participación, el evento fue catalogado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un «éxito histórico», subrayando la importancia del voto popular para elegir a los encargados de impartir justicia en el país. Los resultados oficiales de este proceso electoral se conocerán en aproximadamente 10 días.
La presidenta Sheinbaum destacó que alrededor de 13 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir, por primera vez, a quienes ocuparán los puestos críticos en el sistema judicial. Esta participación, aunque baja en términos relativos, es vista como un paso hacia la democratización del poder judicial en un país donde históricamente este sector ha sido acusado de corrupción, favoreciendo a la delincuencia organizada y siendo rezagado por prácticas de nepotismo. La intención detrás de esta nueva elección es permitir que la ciudadanía tenga mayor incidencia sobre quienes administran la justicia en el país.
Sin embargo, la elección no estuvo exenta de críticas. Muchos votantes expresaron su descontento respecto a la falta de información clara sobre el proceso electoral y los candidatos. La complejidad del sistema de votación para elegir jueces y magistrados generó confusión entre la población, lo que contribuyó a la baja afluencia en las urnas. A pesar de los esfuerzos de divulgación por parte del gobierno, la percepción de opacidad y complicación ha marcado el camino de un proceso que, en teoría, busca ser inclusivo y accesible para todos los mexicanos.
Por otro lado, Sheinbaum también resaltó la transparencia durante la jornada electoral, un factor crítico dado que la confianza en el sistema judicial ha sido un tema recurrente en la agenda política mexicana. La elección, al ser escalonada, también plantea un futuro donde los ciudadanos tendrán otra oportunidad en 2027, año en el que se elegirán a la otra mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito, lo que generará expectativas sobre el impacto que tendrá este modelo en la percepción pública de justicia.
A pesar de los buenos deseos y el sentido de avance, los retos persisten. La posibilidad de que el crimen organizado interfiera en el proceso judicial continúa siendo una preocupación latente. La presidenta y otros líderes han enfatizado la necesidad de fortalecer no solo la legitimidad de los nuevos cargos judiciales, sino también su imparcialidad y autonomía frente a las presiones externas. Esta primera elección judicial tiene el potencial de transformar el panorama legal en México, pero requerirá un continuo compromiso tanto del gobierno como de la ciudadanía para garantizar que ese cambio sea efectivo y sustentable.
