En medio de un clima de creciente tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido activar a 700 marines en la ciudad de Los Ángeles para hacer frente a las protestas desatadas por la movilización de la Guardia Nacional. Alrededor del país, las manifestaciones han estallado, en parte como respuesta a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha llevado a una respuesta federal que muchos critican como desproporcionada. El Comando Norte de EE. UU. ha confirmado que esta medida busca aumentar la presencia de las fuerzas federales en la zona, trabajando en conjunto con las tropas del Título 10 del Grupo Operativo 51, actualmente desplegadas en el área.
En declaraciones a la prensa, Trump se mostró optimista sobre la situación en Los Ángeles, afirmando que se encuentra «bajo control» a pesar del despliegue militar. «Creo que habría sido una situación muy mala. Iba en la dirección equivocada. Ahora va en la dirección correcta», afirmó el mandatario, sugiriendo que el uso de marines es una medida necesaria para restaurar el orden. Sin embargo, este justificativo ha suscitado controversia y oposición, especialmente entre los líderes estatales, quienes cuestionan la falta de procedimientos adecuados.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha respondido a la decisión del presidente con contundencia, señalando que el despliegue de los marines es una violación de la confianza y un mal uso del servicio militar en su propio país. En un mensaje en su cuenta de X, Newsom afirmó: «Los marines estadounidenses han servido con honor en múltiples guerras en defensa de la democracia. No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas», subrayando que tal acción es «antiestadounidense» y refleja una peligrosa tendencia autoritaria.
Como respuesta a estas acciones federales, las autoridades de California han anunciado su intención de presentar una demanda contra Trump, argumentando que su decisión de federalizar la Guardia Nacional es ilegal y abusa de la autoridad del gobierno federal. El fiscal general Rob Bonta aseguró que tal actuación viola la Décima Enmienda de la Constitución, al destacar que la activación de estas tropas debe contar con el consentimiento del gobernador, una prerrogativa que Newsom no otorgó, enfatizando que la seguridad local estaba adecuadamente manejada.
Mientras tanto, las protestas en San Francisco han sido igualmente intensas, llevando a la detención de más de 150 personas, incluidos menores, en el marco de manifestaciones contra las políticas de inmigración de Trump. Las autoridades informan que algunos de estos disturbios han dejado un saldo de violencia que involucra agresiones y vandalismo. Así, las tensiones entre el gobierno federal y estatal no solo son evidentes en Los Ángeles, sino que están marcando un momento crítico en la historia reciente de la política estadounidense, donde las estrategias de orden público se enfrentan a la defensa de los derechos civiles.
