Recientemente, Estados Unidos ha implementado nuevas restricciones de visados que reflejan un cambio significativo en su política internacional hacia la Unión Europea (UE). El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, ha aprobado medidas que sancionan a los funcionarios extranjeros involucrados en lo que se considera «actos flagrantes de censura» hacia ciudadanos estadounidenses y empresas tecnológicas. Esta decisión se enmarca dentro de una hoja de ruta más amplia que tiene como objetivo presionar a la UE, afectando directamente la cooperación en la lucha contra la desinformación y el control de contenido en plataformas digitales.
Las restricciones de visados son una herramienta aparentemente menor, pero su impacto acumulativo puede ser considerable. En efecto, este tipo de decisiones políticas, aunque puedan ser revertidas por un tribunal, transmiten un mensaje contundente: cualquier funcionario europeo que participe en la implementación de la normativa sobre plataformas digitales podría enfrentar no solo la oposición política de Estados Unidos, sino consecuencias reales y inmediatas en su libertad de movimiento. De este modo, el gobierno estadounidense intenta obstaculizar la implementación de políticas de la UE que cuestionan su enfoque sobre la moderación de contenidos digitales y la defensa de la libertad de expresión.
Históricamente, la estrategia de la UE para combatir la desinformación ha sido concebida como un esfuerzo conjunto para reforzar la democracia en Europa. A través de iniciativas como el Plan Europeo de Acción para la Democracia (EDAP), se establecieron una serie de políticas para proteger los procesos electorales y educar a la ciudadanía en materias cívicas. Este enfoque incluye exigir a las grandes plataformas tecnológicas que ejerzan un mayor control sobre los contenidos que distribuyen, oponiéndose a las influencias consideradas «malignas» que emanan de regímenes autoritarios. Sin embargo, la postura de la Administración Trump complica este panorama, rompiendo la unidad de acción necesaria entre Estados Unidos y la UE.
La implicación de grandes empresas tecnológicas estadounidenses en el desarrollo de la política europea sobre moderación de contenidos ha sido crucial. Plataformas como META, Google y Twitter habían accedido a asumir un rol activo en la regulación de la desinformación y habían cooperado en la elaboración de códigos de conducta. Sin embargo, tras los cambios de la Administración Trump, las señales indican un retroceso en esta colaboración. La presión política y las restricciones de visados pueden llevar a estas compañías a reconsiderar su enfoque hacia la normativa europea, debilitando así el marco acordado para la moderación de contenidos.
La capacidad de la UE para resistir la creciente influencia de Estados Unidos en este contexto dependerá en gran medida de la unidad entre sus Estados miembros. Muchos de ellos aún no comprenden la gravedad de la situación ni están preparados para implementar de manera efectiva las normativas que se han puesto en marcha. Para enfrentarse a las grandes corporaciones globales y establecer un discurso común sobre la moderación de contenidos, la UE necesita un acuerdo básico que involucre a todos sus miembros. La lucha contra la desinformación y la construcción de un «escudo democrático europeo» se enfrenta, por tanto, a un desafío crítico en este momento de tensión entre transatlánticos.
