En un desarrollo reciente que ha encendido la tensión en la región, Israel ha comenzado la primera demolición a gran escala de campos de refugiados en Cisjordania, específicamente en Tulkarem y Nur Shams. Según el Ejército israelí, estas demoliciones son parte de una operación de seguridad necesaria para combatir lo que consideran células itinerantes de las milicias palestinas de Gaza. Esta medida se produce tras una serie de incidentes violentos que se desataron a finales de febrero, lo que ha atraído condenas internacionales y ha exacerbado la crisis humanitaria en el área.
El Gobierno palestino ha respondido con firmeza, calificando estas acciones como un «crimen contra la población civil» y un claro acto de desplazamiento forzado. Las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado que hasta 90 domicilios podrían ser destruidos, lo que podría llevar al desplazamiento de más de 4.200 familias. La agencia oficial palestina Wafa reportó que la fase inicial de las demoliciones involucró la destrucción de más de un centenar de viviendas en los campos mencionados, y ha destacado la preocupación por el uso de munición real y granadas aturdidoras en estas operaciones.
Desde el inicio de esta ofensiva, se estima que alrededor de 396 viviendas han sido arrasadas, provocando el desalojo de más de 25.000 personas. La incertidumbre y el miedo se han apoderado de los residentes, quienes enfrentan la dura realidad de perder no solo sus hogares, sino también la seguridad de sus familias. Entre los incidentes más graves reportados, al menos 13 personas han sido asesinadas por disparos de las fuerzas israelíes, incluyendo un niño y dos mujeres civiles, lo que ha generado un clamor por el respeto a los derechos humanos en la región.
En medio de estas tensiones, la situación humanitaria en Cisjordania se ha deteriorado rápidamente. La comunidad internacional observa con preocupación el impacto que estas acciones están teniendo sobre las familias desplazadas, que enfrentan la falta de refugio, acceso a servicios básicos y la posibilidad de reintegrarse en sus comunidades. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y han instado a la comunidad global a intervenir para frenar la escalada de violencia.
A medida que el conflicto se intensifica, queda claro que la solución a largo plazo requiere un enfoque integral que respete los derechos de todos los involucrados. La presión sobre el Gobierno israelí, junto con el llamado a la paz y el diálogo por parte de líderes mundiales, sugiere que el camino hacia la resolución del conflicto israelo-palestino es esencial y urgente. Sin embargo, los recientes acontecimientos subrayan la complejidad de la situación y la necesidad de una acción inmediata para prevenir más pérdidas humanas y sufrimiento en la región.
