La Corte Suprema de Argentina ha tomado una decisión histórica al rechazar el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández, confirmando así su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena, dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales, fue sostenida por unanimidad por los tres magistrados del alto tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el fallo, los jueces destacaron que las sentencias anteriores se basaron en pruebas sólidas y que el debido proceso fue respetado, desestimando cualquier argumento sobre la vulneración de derechos constitucionales durante el juicio.
El caso, relacionado con irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, lleva a la expresidenta al borde de cumplir su condena, ya que el fallo de la Corte debe ser enviado al Tribunal Oral Federal 2 para su ejecución. La defensa de Fernández cuenta con la opción de solicitar prisión domiciliaria debido a su edad, ya que la expresidenta cumplió 72 años en febrero. Este desarrollo se produce en un contexto de tensión política, donde la exmandataria ha mantenido que su condena y el proceso judicial en su contra son una forma de ‘lawfare’, es decir, una persecución judicial motivada por razones políticas.
Apenas días antes de la decisión del Supremo, Cristina Fernández había anunciado su intención de postularse como legisladora en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con la ratificación de su condena, quedó imposible su participación en esos comicios y en cualquier futuro electoral. Esta situación plantea un escenario complejo no solo para la exmandataria, sino también para el espacio político que representa, que ve afectadas sus posibilidades de influir en la política nacional debido a esta resolución judicial.
La causa, conocida como ‘Vialidad’, examina supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La expresidenta ha criticado duramente a la Corte Suprema, calificándola de «guardia pretoriana del poder económico» y se ha referido a la irregularidad del sistema judicial, alegando que políticos que han actuado en desmedro de los intereses nacionales permanecen impunes, mientras que ella enfrenta una severa condena. Este discurso resuena entre sus seguidores y contrasta con la opinión de muchos críticos.
El presidente Javier Milei, tras conocer el fallo, celebró lo que él considera un acto de justicia, afirmando que la república está funcionando y que este veredicto desenmascara a periodistas que, según él, han intentado proteger la corrupción política. La condena de Cristina Fernández no solo representa un capítulo importante en la justicia argentina, sino que también promete desencadenar una serie de reacciones políticas y sociales en un país que sigue lidiando con secuelas de una prolongada crisis de corrupción y polarización.
