Este miércoles se llegó a un acuerdo que pone fin a las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, tras la oficialización del Ministerio de Hacienda en la madrugada del día. Este convenio establece un reajuste gradual de las remuneraciones de hasta el 3.4%, mientras que para las remuneraciones mínimas y bonificaciones destinadas a trabajadores de menores ingresos, el ajuste será del 5%. Sin embargo, la firma no fue unánime entre los gremios, ya que solo diez de las 16 asociaciones negociantes aprobaron el acuerdo, destacando las críticas del Colegio de Profesores y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó su satisfacción con la firma del acuerdo, resaltando la importancia de este como un avance significativo en las relaciones entre el Gobierno y los trabajadores del sector público. «Este acuerdo refleja nuestro compromiso con una democracia que incluye a los actores sociales organizados en la elaboración de proyectos de ley y políticas públicas», indicó Grau. Por su parte, el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, también valoró los logros alcanzados, reafirmando que el pacto busca equilibrar las demandas de los funcionarios públicos con la necesidad de mantener un empleo de calidad y el ejercicio pleno de los derechos sindicales.
A pesar de las declaraciones positivas del Gobierno, algunos sectores sindicales manifestaron su descontento con el acuerdo. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, subrayó que el reajuste ofrecido no cumplía con las expectativas y exigencias planteadas por el gremio, que abogaba por un ajuste mayor basado en el IPC. Aguilar lamentó la falta de un reajuste real que considere el aumento en el costo de vida, afirmando que lo alcanzado no solo es insuficiente, sino que permite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo en el corto plazo.
La ANEF también se sumó a las críticas, rechazando el acuerdo por considerarlo insuficiente en términos de guarismos y bonos de fin de conflicto. El presidente de la agrupación, José Pérez Debelli, argumentó que la oferta del Gobierno no fue acorde al aumento acumulado del IPC, que asciende a un 3.4%. Pérez Debelli aseguró que el gremio no se quedará de brazos cruzados y proyecta una participación activa en el debate legislativo del proyecto de ley que se enviará al Congreso, destacando que la lucha por mejores condiciones laborales continuará.
Con la firma del acuerdo, se anticipa que el proyecto de ley que refleje el reajuste firmado será enviado al Congreso en los próximos días. Esto establece un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos del sector público, donde se espera que las discrepancias y el descontento por parte de algunos gremios como el Colegio de Profesores y la ANEF se traduzcan en un debate vigoroso en el ámbito legislativo. La dinámica de estas negociaciones es crucial, ya que el próximo gobierno asumirá en marzo del año entrante, lo que podría influir en el desarrollo y expectativas futuras de los trabajadores del sector público.
