El robo de agua, definido como el uso de este recurso sin un derecho formalmente reconocido o más allá de los límites establecidos por ley, representa una crisis creciente a nivel mundial, afectando entre el 30 % y el 50 % del uso total de agua. Este fenómeno ha tomado formas alarmantes, especialmente en el sur de Europa, donde se estima que la mitad de los pozos existentes son ilegales, y en África, donde el número de pozos ilegales ha aumentado vertiginosamente de 2 a 25 millones en menos de diez años. Si las tendencias actuales continúan, se prevé que para 2030 la demanda de agua superará la oferta en un 40 %, lo que no solo agotará las masas de agua, sino que también socavará la resiliencia económica de las regiones más afectadas, llevando a tasas de crecimiento del PIB negativas. En este contexto, abordar el robo de agua se ha convertido en una cuestión crucial para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
A pesar de la gravedad de la situación, las políticas implementadas hasta ahora para combatir el robo de agua han resultado ser insuficientes e incluso contraproducentes. La falta de acción a menudo ha incentivado el aumento del robo de agua, generando una especie de efecto llamada. Las amnistías ofrecidas a aquellos que robaban agua han incentivado a más personas a actuar de manera similar, mientras que el cierre de extracciones ilegales ha dado lugar a la aparición de mercados negros. Las sanciones impuestas por el robo de agua no han sido efectivas, ya que la creciente escasez han elevado el valor del agua, incentivando así nuevos incumplimientos. Esto refleja una falta de entendimiento fundamental sobre las dinámicas adaptativas de los agentes económicos implicados, quienes son influenciados no sólo por políticas administrativas, sino también por factores socioeconómicos y ecológicos complejos.
El proyecto WaterTheft se propone abordar este problema mediante un enfoque interdisciplinario que busca predecir sorpresas en sistemas complejos, centrándose en el comportamiento humano y las interacciones sociales. La hipótesis bajo la cual se fundamenta el proyecto sostiene que nuestras capacidades para prever adaptaciones no lineales, incluido el robo de agua, dependen de una comprensión profunda del comportamiento individual, las interacciones entre dichos individuos y la incertidumbre presente en el contexto. Las decisiones que toman los regantes están muchas veces impulsadas por preferencias ocultas que no se hacen evidentes hasta que se producen resultados visibles, como ocurriría tras una sequía alarmante.
Asimismo, las interacciones sociales juegan un papel crucial en la normalización de comportamientos de incumplimiento. Por ejemplo, en algunas comunidades, el comportamiento de un agricultor puede ser influenciado por el resto, generando un efecto de «pensamiento de grupo» que lleva a la aceptación del robo de agua como parte de la práctica habitual. A mayor escala, factores macroeconómicos, como los aumentos de precios de productos agrícolas, pueden incitar aún más el robo de agua al hacer que otros usuarios perciban beneficio de dicho comportamiento. Además, como se ha demostrado en otros contextos, las políticas mal diseñadas pueden llevar a resultados imprevistos, como el caso de un modelo agrícola que subestimó significativamente las pérdidas por sequía en Malawi, lo que generó una respuesta inadecuada por parte de los responsables de ayuda humanitaria.
Para avanzar en la lucha contra el robo de agua, el proyecto WaterTheft propone integrar las tres variables fundamentales mencionadas en modelos de simulación que puedan prever estas adaptaciones no lineales. Utilizando métodos de economía conductual, se pueden identificar preferencias no observadas que afectan el comportamiento de los individuos, y al estudiar las interacciones humanas en múltiples niveles, se podrán prever las dinámicas sociales que provocan el incumplimiento. Cuantificando también la incertidumbre inherente a los modelos, es posible mejorar las previsiones y identificar las vulnerabilidades en dichas predicciones. Esta información se comunicará a los responsables de la toma de decisiones para asegurar que las políticas adoptadas sean efectivas y adaptadas a las circunstancias diversas, garantizando así una gestión sostenible del vital recurso hídrico.
