El pasado 28 de abril de 2025, España y Portugal fueron testigos de un evento sin precedentes: un apagón eléctrico que afectó a millones de personas y se registró como el mayor en la historia de ambos países. La magnitud de esta crisis llevó a la población a experimentar un sentimiento de desconcierto y vulnerabilidad, una sensación agudizada por la falta de información y la incapacidad de las instituciones para reaccionar eficazmente ante la emergencia. En el aeropuerto de Barajas, los viajeros se toparon con la realidad de un sistema falible, un recordatorio de que incluso una de las redes eléctricas más comentadas del mundo puede fallar en un momento crítico.
La experiencia vivida por los pasajeros a bordo de un avión que tenía como destino Frankfurt ilustra la desesperante realidad del momento. A medida que la oscuridad envolvía la terminal y la incertidumbre se apoderaba del ambiente, las alarmas se encendían. Las tiendas vacías y la falta de información generaron una atmósfera de caos; los empleados se vieron obligados a improvisar mientras la mecánica del aeropuerto se atascaba. A pesar de las promesas de los sobrecargos de que el avión contaba con su propio suministro eléctrico, los pasajeros permanecieron varados durante más de una hora, cuestionando el futuro inmediato y la efectividad de un sistema que se había considerado a prueba de fallos.
Recientemente, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, había asegurado que los apagones en España eran imposibles, lo que resulta irónico a la luz de los acontecimientos ocurridos. Durante años, expertos y autoridades habían desestimado la posibilidad de una crisis energética, y los protocolos de emergencia que existían eran mínimos y escasamente comunicados al público. Esto dejó a la población desprovista de herramientas y conocimientos esenciales sobre cómo reaccionar ante un colapso eléctrico, un hecho que no sólo impactó el presente, sino que presagia un futuro donde la inseguridad energética podría convertirse en la norma.
Al observar la repentina pérdida de energía que paralizó a toda una nación, es inevitable recordar las advertencias emitidas por expertos sobre la inminencia de una crisis energética. A pesar de que otros países europeos habían implementado medidas preventivas, España había optado por ignorar las señales de alerta. El cambio climático y la privatización del sector eléctrico han añadido más capas de complejidad a un sistema que ya enfrentaba tensiones crecientes. La combinación de demandas extremas sobre la red y un marco regulatorio deficiente ha demostrado que la capacidad de respuesta ante emergencias es débil y, en ocasiones, inexistente.
Mirando hacia el futuro, la pregunta que queda es: ¿cómo puede España prevenir la repetición de un apagón de tal magnitud? La modernización de la infraestructura eléctrica, un enfoque en fuentes de energía renovables y la creación de protocolos de emergencia claros y eficaces son pasos fundamentales que deben discutirse y llevarse a cabo con voluntad política. La crisis del 28 de abril no debe ser vista como un evento aislado, sino como una advertencia que subraya la necesidad de una reforma profunda en el sistema energético del país. La seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico no son negociables; son derechos fundamentales que deben protegerse ante cualquier eventualidad.
